La justicia le dio la razón y puso a la gigante Bayer a reconocerle USD 289 millones. Su demanda jalonó 8.000 más. ¿Qué hará el gobierno Duque con el tema?

El 13 de agosto, las acciones de Bayer se desplomaron hasta un 18%, el mayor bajonazo desde 2001, luego de que un jurado de San Francisco ordenará pagar $ 289 millones a Dewayne Johnson, un jardinero que padece un cáncer terminal diagnosticado en 2014. Johnson demostró que el origen de su enfermedad estaba en el herbicida producido por Monsanto –que fuera comprada por la alemana Bayer-, lo mismo que están tratando de hacer otros 8.000 demandantes que padecen enfermedades similares ocasionados por el famoso Roundup, nombre comercial del herbicida de Monsanto, cuyo componente activo es el glifosato.

Granjeros comerciales y jardineros domésticos han utilizado es matamaleza durante más de cuatro décadas sin que se hubieran generado demandas hasta el 2015, cuando el glifosato fue identificado como un causante posible de cáncer en los humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, una subsidiaria de la Organización Mundial de la Salud. Posición que no comparte la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU.

 
 

Este debate llegó a Colombia en cabeza del propio ministro de salud Alejandro Gaviria quién atendiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y propuso al gobierno Santos suspender la implementación de fumigación con glifosato en cultivos ilícitos. La aspersión con glifosato fue desde el año 2000 el principal plan de la lucha antidroga, se calcula que se alcanzaron a fumigar 1,8 millones de hectáreas de cultivos ilícitos hasta que el expresidente Santos, respaldando al Ministro Gaviria y en plena negociación con las Farc en La Habana, ordenó su suspensión a partir de octubre de 2015.

 

El veredicto en favor del jardinero Johnson borró $ 16 mil millones del valor de mercado de Bayer en una semana. El mega laboratorio alemán había invertido $ 66 mil millones en junio de este año en la compra de la norteamericana Monsanto, sin calcular el tamaño del problema que estaba adquiriendo, por lo rentable del desarrollo de herbicidas como el Roundup o el nuevo Roundup Ready Xtend Crop System y las semillas genéticamente modificadas para resistirlos.

Monsanto desarrolló Roundup en la década de 1970, y luego creó un negocio multimillonario en torno a las semillas que modificó genéticamente para resistir el producto químico, de modo que al utilizarlo no afecta los cultivos, sino que únicamente mata la maleza. Los cultivos tolerantes a herbicidas genéticamente modificados hoy representan aproximadamente el 56% del uso mundial de glifosato, por lo cual es probable que el glifosato siga siendo el plaguicida más ampliamente aplicado en todo el mundo en los próximos años.

Por esto la compañía alemana tiene que defenderse con toda su batería jurídica. Se prevé que los costos legales y pagos de los demandantes podrían llegar a los $ 5 mil millones, según los analistas de Sanford C. Bernstein & Co. Lo que se ubicaría a Bayer entre las compañías que más grandes reclamaciones de daños enfrenta por parte de individuos privados.  El próximo 22 octubre tendrá que poner a prueba sus argumentos jurídicos en su próxima audiencia por otro caso en St. Louis, Missouri, donde Monsanto tenía su sede central desde hace 117 años y desde Bayer maneja ahora su negocio en Estados Unidos. No es una plaza favorable, porque son varios los fallos del tribunal de circuito de la ciudad de St. Louis a favor de los demandantes.

En medio del debate sobre el inusitado crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos en el país, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó en junio de este año, que las Fuerzas Militares y la Policía puedan hacer la erradicación con aspersión mediante drones. Hasta el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, indicó que los drones son una innovación en cuyos ensayos se logró demostrar una menor concentración del glifosato que aseguran que ni la salud de la población ni el medio ambiente se verán afectados.

Lo ocurrido en los juzgados norteamericanos, puede tener efectos en Colombia. Ahora que el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha manifestado su respaldo al uso del glifosato para fumigar los cultivos ilícitos (aunque no mediante aspersión a través de aeronaves), ante la necesidad de enfrentar la expansión descontrolada de la coca que supera las 200 mil hectáreas, e indicado que en su experiencia como pequeño agricultor “no he conocido mejor herbicida que el glifosato”.

El actual ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, también respalda la fumigación con drones, y asegura que el método reduce el impacto de los “efectos colaterales” del glifosato, aunque el antecedente que existe mantiene la duda sobre los resultados de la prueba piloto. La posición de Uribe, en representación del Gobierno, se conoció de un documento que le envió a la Comisión Segunda del Senado respondiendo un cuestionario que le envió la misma comisión para el debate de control político que se realizó. En dos meses se conocerán los resultados de las pruebas hechas en Tumaco y definir si se implementa la medida.

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