El presidente sancionó su reforma tributaria en la tarde del 28 de diciembre. Así, recogerá 8 de los 14 billones que le faltan en el presupuesto. Sin embargo, ya se anuncian demandas.

El ex vicepresidente ha adquirido en los últimos meses un enorme poder dentro del Congreso y había sido quizás el principal opositor a esa reforma. Foto: Fotomontaje SEMANA

El día de inocentes terminó como una de las jornadas en que el presidente Iván Duque expedirá más normas en la Casa de Nariño. Firmó la que reglamenta el Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, la que extiende el tiempo de algunos empleos de ese sector y la que designa a Claudia Ortiz como directora de esa agencia. También uno sobre la exigencia del Diagnóstico Ambiental para proyectos petróleros, el que liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, otro que modifica unos reglamentos técnicos en materia de medicamentos y dispositivos médicos, y otro más que regula las exportaciones de alimentos, entre muchas más. En ese paquete de más de 20 normas, Duque le puso también la firma a la ley que más tuvo del techo a todos los colombianos, la de Financiamiento

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Se trata de unos de los proyectos más ambiciosos de su gobierno con el cual esperaba al inicio recaudar 14 billones de pesos que, según los cálculos, hacían falta para garantizar las finanzas del Estado, y en especial sus programas sociales. Al final, en el proyecto terminó primando la máxima de Maturana según la cual “perder es ganar un poco”, porque aunque obtuvo un poco más de la mitad, el solo hecho de aprobarla ya era un triunfo político en medio de la álgida controversia que había levantado.
 
El gobierno llegó al final del año sin vivir la usual luna de miel que existe entre la Casa de Nariño y el Congreso en el primer año de mandato. La propuesta de gravar con IVA la canasta familiar cayó en reversa en los hogares colombianos y había impactado enormemente la confianza de los consumidores. Además, su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había enfrentado en esos mismos meses el debate por los bonos de agua denunciados por el columnista Daniel Coronell. 
 
Por eso, la aprobación de la ley, que en todo caso recoge recursos importantes para el Estado, fue celebrada con bombos y platillos. Con los cambios aprobados a última hora el gobierno podría recaudar 8,3 billones de pesos según cálculos del senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, pues a los 7,1 billones que contempla el gobierno se agregan 700.000 millones de una nueva tasa a los bancos y 500.000 más por gestión de la Dian. Pero el partido no ha terminado y todavía tendrá que pasar duras pruebas.
 
 
Para el gobierno esa alegría todavía no es completa. Minutos después de aprobada la ley que ahora el presidente sanciona, ya se anunciaron un número importante de demandas. Como se sabe, la ley debe pasar un minucioso examen en la Corte Constitucional que en el pasado le ha puesto el freno a muchas de estas iniciativas. El primero que anunció llevar esa pelea a la justicia fue Germán Vargas Lleras. 
 
El exvicepresidente ha adquirido en los últimos meses un enorme poder dentro del Congreso y fue quizás el principal opositor a esa reforma. En una de sus columnas en El Tiempo la había calificado de «inequitativo y facilista» y había asegurado que «en su afán recaudador (el gobierno) impedirá, una vez más, que la política fiscal se ponga al servicio de la competitividad del país y de la generación de empleo productivo». Horas antes de la aprobación de la norma, Vargas había pedido a su bancada de Cambio Radical que no la votaran pues no podían «comprometer su responsabilidad política con semejante error».
 
Con la Ley de Financiamiento aprobada, Vargas no solo anunció la primera demanda contra esta, sino también su regreso a la profesión de abogado litigante. El exvicepresidente anda trabajando a marchas forzadas en ese recurso judicial que seguramente presentará apenas se acabe la vacancia judicial. El contenido de la demanda no se conoce, pero hay algunas pistas. Según dijo Vargas, la plenaria de la Cámara votó la Ley de Financiamiento sin que existiera un texto definitivo de lo aprobado por el Senado, y en el Congreso se omitió un trámite, el de la publicación del texto. “Qué irresponsabilidad”, aseguró. El excandidato presidencial le preguntó al presidente de la Cámara cuál era el contenido del texto de la Ley de Financiamiento que se votó ese miércoles 19 de diciembre, y al presidente del Senado le inquirió cuándo se conocería el texto aprobado en la noche del martes en el Senado.
 
Así quedó la nueva Ley de financiamiento y estas son las críticas que se le ha hecho La aprobación de la Ley de Financiamiento le devolvió la sonrisa al ministro de Hacienda, quien celebró con sus funcionarios y varios congresistas que apoyaban la iniciativa. Foto: diego vega-ministerio de hacienda

Vargas no fue el único que se pronunció contra la ley en términos jurídicos. Javier Hoyos, de Gestión Legislativa y Gobierno, también presentó una serie de reparos a la forma como se había tramitado y aprobado la reforma. Según él, existieron varios vicios de forma que harían que en la Corte Constitucional ese paquete de cambios pueda no pasar el examen. Algunos temas son puramente formales como que «en la Plenaria de la Cámara que aprobó en último debate el Proyecto de Ley de Financiamiento Presupuestal, o reforma tributaria, se omitió poner en consideración el título del proyecto de ley, así como preguntarle a la Cámara si querían que el proyecto fuese ley de la república». Agrega que en esas irregularidades está también que tanto en las comisiones, como en las plenarias la aprobación de las propuestas se hizo con el aval del gobierno, cuando no todas lo requerían, se desecharon proposiciones sin estudiarlas, se incluyeron en las plenarias temas no aprobados en las comisiones y se acogieron en bloque textos aprobados en la plenaria del Senado sin debate, solo porque se acababa el tiempo.

Pero para él hay otros temas más de fondo. Por ejemplo, «se agregan impuestos nuevos como el de la salida del país, pero con destinación específica; se modifica el impuesto de turismo para que recaiga sobre los tiquetes aéreos con destino al país; y tiene una tarifa de renta diferencial más alta para entidades financieras, la cual rompe el principio de igualdad ante las cargas públicas. Además, estas normas fueron incluidas en el debate en las plenarias sin haber sido aprobadas o debatidas en las comisiones».

El sector financiero también mostró su descontento con los ‘puntos adicionales’ en renta, que recaen en bancos, aseguradoras, fiduciarias, fondos de pensiones y cesantías, corporaciones financieras e incluso cooperativas de ahorro y crédito. El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, anunció que demandarán ese artículo y junto con su colega del gremio asegurador Fasecolda, Jorge Humberto Botero, argumentan que se trata de una norma discriminatoria, que castiga el éxito empresarial, no contaba con el aval del gobierno y desconoce el principio de equidad horizontal, según el cual todas las actividades productivas deben tener la misma tasa de tributación. Con este artículo el senador David Barguil asegura que el gobierno recaudaría 700.000 millones de pesos, este calcula que serían 500.000 millones, mientras que el sector financiero espera que no se haga efectivo este recaudo y que se caiga el artículo.

Todos esos cuestionamientos llegarán a la Corte Constitucional que en los próximos meses tendrá que estudiar si en efecto se vulneraron esos requisitos de forma para la aprobación de la ley. Esos tecnisismos suelen ser muy estrictos y de ser encontrados podrían tumbar incluso toda la reforma. La otra posibilidad es que la corte estudie temas más de fondo, si estos se incluyen en la demanda, y se caigan apartes. 

 

Estos anuncios no son nuevos. Cada vez que se aprueba una nueva reforma tributaria las personas que se sienten afectadas o quienes hacen oposición interponen recursos en contra. Sin embargo, esta vez podría haber sorpresas. ¿Qué está en juego con la nueva ley?

Desde el comienzo el proyecto anunció ‘zanahoria y garrote’. Para hacer más competitivo el sector empresarial redujo 3 puntos en la tasa de renta –pasará del 33 al 30 por ciento en tres años–, las deducciones en renta del ICA y el 4 por 1.000; el descuento del IVA a bienes de capital y exenciones para la economía naranja, el agro y el turismo. También habrá nuevo régimen para megainversiones (más de 300 millones de dólares), que tendrán contratos de estabilidad jurídica.

Las personas naturales sentirán la mayor parte del ‘garrote’ pues la reforma cambia la retención en la fuente y crea dos nuevas tarifas para quienes ganen más de 33 millones mensuales; habrá impuesto al consumo de 2 por ciento para la venta de inmuebles de más de 918 millones de pesos y revivió el impuesto al patrimonio del 1 por ciento para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. La norma grava las utilidades superiores a 10,2 millones de pesos con una tarifa del 15 por ciento y para quienes giren utilidades al exterior la tarifa sube al 7,5 por ciento. También crea el IVA plurifásico para cervezas y bebidas azucaradas; y al sector financiero le cobrará unos puntos adicionales en renta: 4 para 2019, y 3 en 2020 y 2021.

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Algunos temas incorporan al tiempo zanahoria y garrote: por la primera, habrá normalización tributaria en 2019 y los capitales en el exterior entrarán si pagan una tarifa del 13 por ciento. Pero va con todo contra la evasión y la elusión: tendrán cárcel a partir de 3.900 millones de pesos, pero si pasa de 8.600 millones de pesos, el delito no será excarcelable aunque el sindicado pague. Por otro lado, crea el régimen ‘Simple’ para las negocios con ingresos inferiores a 2.750 millones de pesos al año, en este caso tiene previstas unas tarifas que dependen del nivel de ventas, que además de los impuestos nacionales y territoriales ya incorporan la seguridad social. Esta idea, que ha entusiasmado al gobierno, no tiene muy contentos a los pequeños comerciantes, que aseguran que las tarifas son elevadas.
 
Por otro lado, las exenciones tributarias para empresas, que entran en vigencia en 2020, tienen un costo fiscal de 8 billones de pesos. Es decir, que esta reforma borra con el codo lo que hace con la mano. El gobierno tendrá que presentar una nueva tributaria en 2019 para tapar el hueco que deja esta Ley de Financiamiento para 2020 si quiere cumplir la regla fiscal. De no aumentar el recaudo, tiene la opción de modificar la regla fiscal, pero esto generaría más dudas en las calificadoras y pondría en peligro el grado de inversión. Más allá de las discusiones que vienen, lo cierto es que el país todavía sigue pendiente de lograr una verdadera reforma estructural. Esta no fue. 

Para el ministro Carrasquilla, el balance es bueno porque logró un equilibrio y mantiene los cinco objetivos del gobierno: equidad, progresividad, legalidad, crecimiento y formalidad. Pero no todos piensan así. La discusión de la reforma abrió muchas heridas a quienes sienten que hay más garrote que zanahoria, y algunos no están dispuestos a perdonar los errores cometidos durante el trámite. Esto no solo la pone a tambalear sino que de paso le da más combustible a la ola de incertidumbre frente a la recuperación de la economía. En las cortes, sin embargo, la cosa es a otro precio. 

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