Después de dos días de rendir versión libre, un coronel retirado del Ejército salió del edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una carpeta bajo el brazo. Contenía un reporte detallado de 60 falsos positivos, el triple de asesinatos por los que había respondido ante la justicia ordinaria, cuya copia acababa de entregar con mano temblorosa a los magistrados. El exoficial duró una década detenido. Consiguió recobrar la libertad anticipada con el compromiso de contar los herméticos secretos sobre el capítulo negro en el que, según la Fiscalía, fueron ejecutados 2.248 jóvenes por el Ejército, presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate.

La isla de San Andrés es el único territorio del país donde no hay reporte de falsos positivos. Investigaciones periodísticas y de ONG, así como reportes de Naciones Unidas, estiman entre 3.000 y 5.000 las víctimas entre 1988 y 2014. A pesar de ese alud, las responsabilidades no han escalado a los altos mandos. Al salir de la JEP, el coronel temblaba porque su confesión y los documentos aportados salpicaban a varios superiores.

Desahogado, salió de camino para su casa, cuando advirtió que una motocicleta lo acechaba. Estaba oscuro y había poca concurrencia en el parque del barrio El Restrepo. De un momento a otro, la moto aceleró y el parrillero le apuntó con un arma. El coronel, que por 13 años disparó las balas de la infamia, esta vez tuvo que correr. En cuanto consiguió llegar a su hogar, una llamada le anunció en qué estaba metido: “Se salvó de esta, sapo hijueputa”.

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